La guerra entre Disney y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no parece que vaya a calmarse pronto, ya que ambas partes han intercambiado demandas en una lucha por el control de los parques temáticos de la compañía en Orlando.
En el último movimiento, la junta respaldada por DeSantis que supervisa Disney World, EPCOT y los otros parques examinará el miércoles una propuesta para establecer un sistema de aplicación de códigos.
Según un informe del personal, la propuesta permitiría a los funcionarios encargados de hacer cumplir el código imponer sanciones civiles de hasta 500 dólares por infracción y día, el máximo permitido por la ley estatal. La junta también nombraría a un magistrado especial que podría conocer de los recursos contra las citaciones.
Disney dirigió eficazmente el Distrito de Mejora de Reedy Creek durante 55 años hasta febrero, cuando los aliados de DeSantis en la Legislatura crearon el Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, y dieron a DeSantis el poder de nombrar a su junta. El CFTOD ha señalado anteriormente que la junta respaldada por Disney nunca tuvo un sistema de aplicación de códigos.
«Al igual que otros negocios en Florida, Disney está sujeto a los códigos de construcción e incendios que se supone deben proteger las vidas y la seguridad de sus empleados y huéspedes», declaró el distrito en una demanda presentada la semana pasada. «Pero a diferencia de otras empresas de Florida, Disney no tenía que preocuparse de que estas normas de seguridad se aplicaran en su contra. Eso se debe a que la junta del distrito, controlada por Disney, nunca adoptó ningún mecanismo para hacer cumplir esos códigos.»
Por un lado, la propuesta es bastante inocua. Es coherente con la práctica general en ciudades y condados de Florida, y las multas -si alguna vez se imponen- serían triviales para una empresa del tamaño de Disney.
Pero también se produce en el contexto de una batalla política, cultural y legal sin cuartel sobre los derechos de la Primera Enmienda de Disney.
«Lo que esto hace es subordinar al propietario, es decir, a Disney, a la junta y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a ese magistrado especial», dijo Richard Foglesong, autor de «Married to the Mouse» (Casado con el ratón), una historia exhaustiva de la relación de Disney con Florida. «Me parece que aquí hay potencial para hacer chanchullos».
Foglesong también señaló que el antiguo sistema podía haber sido demasiado indulgente. Recuerda que entrevistó al administrador del distrito de Reedy Creek para su libro y le preguntó qué pasaría si tuviera que decirle a Disney que hiciera algo que no quería hacer. El hombre -cuya camisa tenía el logotipo del ratón- dijo que nunca se le había ocurrido.
Pero Foglesong sugirió que el nuevo sistema de aplicación de códigos también podría ser «un arma» y utilizarse contra Disney en asuntos no relacionados con los códigos de construcción y seguridad.
«Esto puede dar a la junta algunos dientes y algunas formas de presionar a Disney si no hay protecciones en la ley que protejan a Disney de algo así», dijo.
Disney presentó una demanda el mes pasado acusando a DeSantis de disolver el distrito de Reedy Creek en un acto de represalia por el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de la empresa. El año pasado, la empresa se opuso a la ley de Derechos de los Padres en la Educación, que restringe el debate en las aulas sobre la identidad de género y la orientación sexual, lo que llevó a DeSantis a tacharla de demasiado «woke».
El CFTOD presentó su propia demanda la semana pasada, tratando de anular los acuerdos de desarrollo que Disney firmó con la junta de Reedy Creek justo antes de que los nominados por DeSantis asumieran el cargo.
La Legislatura también ha aprobado una ley que busca anular los acuerdos, y aprobó una ley que da al Estado el poder de inspeccionar el monorraíl de Disney World. El lunes, Disney actualizó su demanda para reflejar estos acontecimientos, argumentando que encajan en un patrón de represalias en curso.