Bocas Group inició una demanda contra la presentadora de televisión Angie Pérez luego que la comunicadora hiciera una denuncia pública contra los propietarios de franquicia de restaurantes bajo los nombres Bocas House y Bocas Grill, acusando a sus representantes de estar conectados a una red de corrupción de funcionarios del Gobierno de Venezuela.
La querella se impuso bajo la Corte del 11th Circuito Judicial de Miami- Dade, Florida, Estados Unidos e incluye también a otro grupo de personas acusadas de «dañar la reputación de la empresa y sus propietarios a través de una campaña de afirmaciones falsas y acusaciones infundadas».
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Además de Pérez, César González y Gerardo Gil Dams, habrían formado una matriz de opinión a través de «falsa información» para difundir ante portales web anónimos y cuentas de redes sociales, el supuesto uso de la cadena de restaurantes para lavar dinero de miembros del Gobierno madurista.
La solicitud formal se impuso el pasado 10 de octubre de 2019 y documenta cómo los acusados, presuntamente participaron en una «cospiración injuriosa de difamación y extorsión para dañar el negocio con acusaciones falsas, diseñadas para destruir la reputación del grupo de restaurantes frente a la comunidad venezolana, al dañar directamente tanto a los negocios como a los más de 320 empleados».
«Las acusaciones de que los fondos usados para la apertura de los restaurates están vinculados a lavado de dinero del chavismo, es claramente falsa y absurda. Bocas jamás se ha prestado ni se prestará nunca para lavado de dinero», expresó Levin de Grazia, propietario del Grupo Bocas.
Bocas Group también presentó una demanda aislada contra César González, por haber presentado falsas facturas de pago mediante Instagram y Facebook durante más de tres años con lo que logró estafar así un poco más de 96.000 dólares a los restaurantes Bocas.
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